Bastaría con crear 100 puestos de trabajo nuevos, mantener 200 o llevar a cabo una inversión de 30 millones €, cifras todas que se reducen a la mitad si el proyecto pretende instalarse en un municipio con riesgo de despoblamiento. Parecería que no son muchas las iniciativas que se podrán considerar estratégicas si no fuera porque la propia ley deja abierta una puerta trasera difícil de entender: el Gobierno del Principado se reserva el derecho de de declarar arbitrariamente como PIER cualquier proyecto, aunque no cumpla los criterios.
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