El Gobierno de Canarias constata la “intencionalidad” de la empresa Segunda Casa Adeje, que promocionaba la iniciativa como una propuesta de “crecimiento sostenible”, a la hora de realizar obras sobre patrimonio arqueológico sin el correspondiente informe favorable y propone una sanción de 600.000€ por la “alteración y destrucción significativa de un yacimiento arqueológico”. Los daños sobre los yacimientos arqueológicos y bienes etnográficos son “de carácter irreversibles"
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