El que fuera presidente de la Diputación de Pontevedra hasta 2015 y actual titular de la Federación Gallega de Fútbol recibió, según la fiscalía, casi 90.000 euros por encima del precio de mercado por los locales comerciales que alquiló a otro concejal del mismo partido. El político conservador asegura ser inocente y ha venido presentándose como víctima de un "juicio político".
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