La ley ha recibido un rechazo inmediato de grupos de protección, expertos en privacidad y juristas. La organización más dura con el texto ha sido la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI); con la ayuda de letrados conocidos en redes sociales, como Carlos Sánchez Almeida o David Bravo, ha creado un formulario con el que pedir a los partidos políticos que nos quiten de sus bases de datos.
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