La propuesta procede del Ministerio de Defensa y será elevada al Gobierno por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, según un comunicado. Montoro ofrece la "máxima colaboración" de la SEPI a las actuaciones en sede judicial. "La decisión se ha tomado después de analizar la situación de Defex y constatar las dificultades de la compañía para operar en el mercado como consecuencia del daño reputacional sufrido y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por el Juzgado Central.
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