Patricia Zolorzano llevaba cuatro años y nueve meses (de los 8 de su condena) presa por "homicidio agravado por el vínculo", nombre técnico utilizado para encubrir la figura penal que castiga el aborto. El Estado consideró que no era ella quien podía decidir sobre su cuerpo cuando la detuvieron, pero demostró que no le interesa ninguna vida sino la moral que las castiga, cuando la dejó abandonada a su suerte al contraer una peritonitis. Falleció en el hospital, esposada a la cama y con custodia.
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