Desde hace cuatro años Esperanza Aguirre estaba avisada de lo que se cocía en Boadilla del Monte. En 2006, un concejal independiente de Boadilla le envió una carta en la que le advertía del contrato que el Ayuntamiento popular de este municipio adjudicó a la empresa UFC, compañía de uno de los principales empresarios imputados, José Luis Ulibarri.
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