El gobierno desoye la petición de más de 600.000 personas migrantes sin regularizar en España para legalizar su situación. Personas con alta culaificación como Georgina Molina, psicóloga y experta en violencia de género de Nicaragua, también se ha quedado a la espera de los papeles que no han llegado. El real decreto para contratar trabajadores para el campo ha dejado fuera también a las personas migrantes en situación irregular. Las consecuencias son básicamente la precarización social y laboral de la población inmigrante.
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