Una nueva serie de informes independientes producidos por una ONG internacional, Blueprint for Free Speech y el proyecto A Change of Direction, coordinado por la Fundación Internacional Baltasar Garzón, ha encontrado a España entre los peor situados en la Unión Europea cuando se trata de proveer mecanismos y protección legal para la protección de los denunciantes de prácticas corruptas o alertadores. Encontrándose entre los siete peores países en la UE, con una puntuación de cero, España tiene un rendimiento pobre.
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