A la batería de asuntos polémicos vinculados a la Justicia en este arranque de curso político toca añadir uno más que impactará con fuerza en el Gobierno de coalición. Es la decisión prácticamente cerrada del Tribunal Constitucional de anular la expulsión del entonces diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, tomada por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. Por recordar los hechos, Rodríguez fue condenado a una pena de prisión sustituida por multa de 540 euros y una pena de inhabilitación de sufragio pasivo, que no activo.
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