Las consecuencias para la empresa podrían ser catastróficas ya que se estarían produciendo las siguientes irregularidades: Posible fraude a la Seguridad Social Incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Posibles casos de trabajadores contratados como falsos autónomos. Entrega de material precario de protección frente al COVID-19. Posible incumplimiento de la Normativa Europea en cuanto a equipamiento obligatorio de las clínicas
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