La Audiencia de Madrid ha considerado prescita la reclamación de 111 millones del ejercicio 2009 y solo acepta la de 1,2 millones en 2010. Y lo ha hecho porque la jueza a la que le cayó el caso no admitió a trámite inmediatamente la querella de la Abogacía del Estado, sino que planteó una cuestión de competencia para ver qué juzgado se quedaba el caso.
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