Las principales entidades de gestión de derechos han perdido todas las demandas millonarias que plantearon contra el entonces Ministerio de Educación y Cultura al que reclamaban más de 50 millones de euros al año por la responsabilidad patrimonial de Estado, debido a los pretendidos perjuicios causados desde 2014 por el sistema de financiación de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
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