El empresario Ramón Salvador, acusado de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, en el caso Brugal, en la pieza relativa al presunto amaño del PGOU de Alicante, ha llegado a un acuerdo de conformidad mediante el cual acepta una pena de 3 meses de prisión por haber negociado la recalificación de terrenos con Francisco Javier Gutiérrez -abogado urbanista y entonces colaborador en la redacción del Plan General de Alicante-, y José Luís Castedo, hermano de la entonces alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo.
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