La Empresa de Servicios Funerarios, encargada de pagar los 11 millones de euros del material sanitario en el que intermediaron los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina, acordó dicho coste de madrugada y a través de un grupo de WhatsApp. Los responsables de la funeraria señalaron a la Fiscalía que la empresa municipal no participó “en la negociación de los términos ni de los anteriores contratos ni del resto de las adquisiciones de material sanitario o de protección adquirido en virtud y ejecución de dicho convenio”.
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