magine el lector trabajar en un entorno profesional donde, para asegurarse del correcto cumplimiento de sus funciones, el Estado recorta de forma severa su libertad de expresión y sus derechos de manifestación y reunión. Imagine que, pese a encomendarle la protección de la democracia y la Carta Magna, su Gobierno le mantiene fuera del Convenio Europeo de Derechos Humanos mediante una reserva elevada oficialmente.
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