Tras el primer desempate, la mesa de contratación debía resolver un segundo empate entre dos empresas (Maxim Invest y la UTE DLA-MISD), ya que ambas acreditaron tener el “100% de trabajadores fijos con discapacidad”, según se recoge en las actas del contrato de Defensa (pág. 21). Las otras tres empresas reconocieron tener un porcentaje inferior al 8% de empleados con discapacidad.
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