Uno de los argumentos de la tesis acusatoria de Alaya es que el método utilizado por la Junta para la concesión de las ayudas sociolaborales era "ilegal" (el repetido "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido") si bien parece que dejó pasar por alto algunas ayudas que se servían de un método al menos similar, ya que fueron de concesión directa y ya constaban en las actuaciones. En este sentido, informes internos del Gobierno central validan la "concesión directa" de ayudas como las del caso ERE.
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