La razón está en un conflicto que mantienen dos sociedades de agricultores y propietarios de la localidad. Ambas reclaman la titularidad -y el CIF- del coto de caza y la Guardia Civil pide al juzgado que detenga la posibilidad de cazar allí hasta que se resuelva el litigio administrativo. La Benemérita apela además a la necesidad de “garantizar el orden público y la seguridad de las personas, teniendo en cuenta que la modalidad de caza que practican es con armas de fuego”.
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