Gobiernos de Estados miembros de la Unión están boicoteando premeditada y sistemáticamente los trabajos de la comisión parlamentaria que intenta poner coto al fraude y a la evasión fiscal. Los ciudadanos europeos tenemos derecho a saber quiénes son los responsables de la evasión fiscal de miles de millones de euros, así como a disfrutar de una legislación fiscal justa que no otorgue trato preferente a las grandes corporaciones.
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