El pasado 5 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado una Orden mediante la cual se establecen una serie de criterios organizativos y procedimentales respecto de las actuaciones a llevar a cabo con relación a la desinformación, en el marco de lo ya establecido en esta materia por el Consejo de Seguridad Nacional. La Orden en cuestión ha suscitado pues un ruido forzado y poco fundamentado. Un ruido que quizá hubiese podido ser evitado con una mejor información y una mayor claridad en la redacción y calidad técnica de la norma.
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