La polémica por un cartel de GORA ALKA-ETA en una representación de títeres en el Carnaval de Madrid ha devenido en un debate sobre la libertad de expresión y la seguridad jurídica después de que los dos titiriteros hayan pasado más de cinco días en prisión incondicional y sin fianza. “A mí me preocupa que determinados delitos puedan ser instrumentalizados políticamente”, sostiene Joaquim Bosch, de JpD. En los tiempos en que la banda cometía atentados la Audiencia Nacional apenas recibía dos o tres denuncias al año. Ahora superan las 30.
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