Enric Morera, presidente de las Cortes Valenciana, ha informado que no procederá a la tramitación del documento por considerar que la petición podría ser constitutiva de un delito de odio y dar pie a una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva, protegida constitucionalmente por la legislación vigente y por los tratados internacionales adoptados por el Estado español.
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