Cuando las democracias se involucran en violaciones de las libertades civiles tan flagrantes como parece haber ocurrido en Cataluña, merecen ser condenadas. Pero incluso cuando utilizan programas de espionaje con aprobación judicial o justificación legal, siguen haciendo daño al dar legitimidad y apoyo financiero a un producto exportado a lo largo y ancho para todo tipo de fechorías. También podrían estar socavando su propia seguridad nacional. El uso de programas espía debe estar regido por el estado de derecho y se deben imponer limitaciones
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