Junto a España, han rechazado la propuesta Alemania, Bélgica, Eslovenia, Grecia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Rumanía. Una negativa que, según fuentes diplomáticas belgas, "no va a cambiar", ya que consideran que el texto no es suficientemente ambicioso ni protector. Una posición "firme" que ya ha defendido este jueves en Bruselas la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la hora de exigir que el elemento central de la directiva sea la correcta clasificación de las personas que trabajan en las plataformas.
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