Los cinco primeros meses de vigencia de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual han provocado una enorme y comprensible alarma social por la larga ristra de reducciones de condenas a agresores sexuales. Pero lejos de lo que pueda parecer, la nueva norma no ha provocado una rebaja generalizada de las penas. Sólo hay que echar un vistazo a Madrid. En esta comunidad autónoma, la Audiencia Provincial ha dictado disminución de condena en menos de dos de cada diez casos revisados. La misma proporción que en València o en Huelva.
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