La juez considera que durante la protesta estudiantil en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología se produjo una alteración del orden público, pero no cree que hubiera ninguna voluntad de incitación al odio, de coaccionar o de atentar contra la integridad moral. Es por ello que absuelve a los cinco acusados de estos ilícitos penales propuestos por la acusación popular ejercida por UPyD, y condena al partido de Rosa Díez a pagar un 40% de las costas procesales.
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