Núria González López, abogada especialista en Derechos Humanos, cuenta su experiencia al acudir a una conocida agencia de “gestación subrogada” de Barcelona - que cada año realiza 350 contratos a una media de 60.000 euros de ganancia por cada uno de ellos-, para conocer de primera mano el funcionamiento de una práctica prohibida en nuestro país y que la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo ha comparado a la del tráfico de órganos.
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