Por ejemplo, en octubre el pleno del Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) declaró non grato al Rey, al presidente y la vicepresidenta del Gobierno, al delegado del Gobierno y a la líder de Cs en Cataluña; y el de Llívia (Girona) lo hizo con la líder de Cs. Aseguran que declarar a alguien non grato pretende "imponer al que piensa diferente una sanción de facto extrajudicial, sin cobertura legal e inapelable, lo cual constituye una verdadera aberración jurídica, inadmisible en un Estado social y democrático de Derecho"
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