El gobierno lo dejó claro en su anuncio. Se trata de llevar a cabo inversiones en infraestructuras por importe de 5000 millones de euros sin que eso incremente el déficit público y, por tanto, sin influir en los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. La estrategia es conocida: las empresas construirán las carreteras o autopistas y el Estado pagará por el mantenimiento durante los próximos treinta años. [...] Si esto suena a ficción contable es porque lo es el Estado se edeuda encubiertamente con la empresa.
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