La Ley de Actualización de los Derechos Históricos vuelve a estar vigente en Aragón en su práctica totalidad después de que el Tribunal Constitucional mantenga únicamente la suspensión sobre su artículo 7.1.c, el que reconoce “la condición política de aragoneses” a “los ciudadanos españoles con vecindad civil aragonesa, aunque residan fuera de Aragón, siempre que lo soliciten de acuerdo con lo dispuesto en la ley”.
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