Mantener a un funcionario sin trabajo atenta contra su integridad moral, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Después de seis años de pleitos, el Tribunal Constitucional ha dado la razón a Jaime Nicolás Muñiz, un alto funcionario que pasó los últimos años de su carrera en un pasillo, represaliado, sin que el Ministerio del Interior le diera apenas ocupación.
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