El primer paso se dio el 21 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, notificó al Nicolás Maduro que se presentara, con su abogado, a una audiencia pública en Bogotá. La fecha se fijó para el tres de abril y el objetivo era hacer que el mandatario venezolano respondiera a las acusaciones por corrupción que la fiscal exiliada, Luisa Ortega, había realizado en su contra. Con algunos minutos de retraso el TSJ en el exilio empezó sesión al interior de un recinto del Congreso de la República colombiano.
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