La Cámara Baja ignora una sentencia de 2019 y otra de 2020 con las que el alto tribunal zanjó las dudas de si el derecho de acceso quedaba restringido a informaciones datadas después de diciembre de 2014. La Secretaría General de la sede de la soberanía popular se opone a entregar datos sobre viajes efectuados por diputados en determinadas fechas a partir de 2010. En marzo de 2020, una segunda sentencia elevó esa conclusión a la categoría de jurisprudencia. Y la posición del Tribunal Supremo no solo resulta insoslayable sino que no ha trascendi
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