Se autoriza al Gobierno a reducir la capacidad de pesca o limitar las artes para gestionar los recursos pesqueros. Entre las principales novedades figura la decisión de permitir a los pescadores que compatibilicen su actividad ordinaria con actividades de pesca-turismo vender posteriormente el producto obtenido, si bien habrá de regularse reglamentariamente en qué condiciones se comercializa.
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