La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al exvicepresidente de la Diputación de Castellón Francisco Martínez a 8 meses de prisión, una multa de 12.600 euros y la inhabilitación durante dos años para el empleo o cargo público por un delito de negociación prohibida a funcionarios en la causa que se abrió por presuntas irregularidades en la tramitación de la depuradora de Borriol. El fiscal solicitaba 4 años por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas.
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