El dictamen concluye que el modelo de gestión escogido por Gallardón, una sociedad mixta, fue ruinoso para las arcas municipales y plantea volver a un modelo de gestión público Las obras fueron "totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental" .
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