Los servicios de la Comisión concluyeron que había elementos que apuntaban a que España podría estar incumpliendo el requisito establecido en la Directiva 1999/31/CE de tratar los residuos antes de su depósito en vertedero. Los servicios de la Comisión también consideraron que existían razones para pensar que España no ha adoptado las medidas apropiadas para garantizar la existencia de una red integrada y adecuada de instalaciones de tratamiento de residuos que tenga en cuenta las mejores técnicas disponibles.
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