La necesidad de crear un Plan Especial de Protección (PEP) que protegiera el casco histórico de La Laguna se planteó durante la etapa de Ana Oramas como alcaldesa. El documento, elaborado por la empresa Arquitectura, Urbanismo y Cooperación S.L., recalificó una finca familiar de la actual diputada de Coalición Canaria en el Congreso para darle uso comercial, a pesar de que no fuera el propósito final del Plan. Esta entidad recibió casi un millón de euros entre 2006 y 2010 por la ''gestión técnica del PEP del casco histórico".
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