El episodio de la cooperante española, condenada el miércoles a 13 meses de prisión, es otro capítulo de la lucha sin cuartel que el estado judío conduce contra la sociedad civil palestina. Las autoridades militares, que en octubre cerraron de un plumazo seis ONG palestinas, la vinculan con la financiación de una "organización terrorista" al tiempo que eluden mencionar la brutal ocupación de Cisjordania.
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