Los detenidos formaban parte de una empresa con franquicias por toda España que controlaban desde Barcelona, con las que se presentaban a concursos públicos para la adjudicación de los servicios a personas mayores en varios ayuntamientos y comunidades autónomas. Una vez conseguían los contratos, se desentendían de todas las obligaciones y recaudaban el dinero obviando el pago de Seguridad Social, tributos a Hacienda y sueldos y salarios de los trabajadores.
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