Los investigadores infractores podrían enfrentar restricciones en empleos, préstamos y oportunidades comerciales bajo un sistema vinculado a la polémica política de crédito social. Bajo la nueva política, docenas de agencias gubernamentales tendrán el poder de imponer multas a aquellos atrapados cometiendo una falta de conducta científica importante, un rol que anteriormente desempeñaba el ministerio de ciencia o las universidades. Los investigadores errantes también podrían enfrentarse a castigos que no tienen nada que ver con la investigación
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