El responsable de la Federación Catalana de Caza sostiene que este protocolo de intervención para la revisión de documentación y arma a los cazadores "no se aplica en ninguna otra comunidad autónoma, ni en ningún país de la Comunidad Económica Europea por ningún cuerpo de policía judicial, rural -forestal o militar "y tampoco" es aplicado ni por el cuerpo de Mossos ".
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