Con la actual legislación, las empresas deben notificar a los inversores los "Hechos y operaciones significativos" que se hayan producido en un periodo determinado. Sin embargo, dado que la definición es algo vaga, los problemas de corrupción pueden incluirse en el apartado "provisiones derivadas por litigios judiciales" o bien no informan a los inversores hasta que existe una sentencia firme. Entre otras medidas que estudia la CNMV también se implantaría la posibilidad que el regulador bursátil pudiera acceder a los registros de llamadas
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