En 2012 y mediante un decreto aprobado por el gobierno de Rajoy con la excusa de la crisis, algunos colectivos se quedaron fuera del sistema, como las personas migrantes en situación irregular. Más de diez años después, la exclusión no ha acabado, pese a la aprobación en 2018 de una nueva norma por parte del PSOE, la ley 7/2018. Una nueva ley que indica que las personas “en situación temporal” necesitan un informe de servicios sociales para entrar en el sistema.
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