La lucha contra el tráfico de cannabis, posesión y consumo se lleva cada año alrededor de 4.200 millones de euros de las arcas públicas, según se deduce de las detenciones, decomisos, sanciones y otras actuaciones policiales, además de la actividad judicial. La persecución del cannabis, a nivel de tráfico o menudeo, consume muchas horas de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Pero aún más la posesión y el consumo particular. El apartado de Seguridad Ciudadana es el de mayor gasto de todo el presupuesto de Interior
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