Cerca de 25.000 personas diagnosticadas de cáncer en 2017 estaban en riesgo socioeconómico antes o a causa de la enfermedad, según la AECC. La gallega Beatriz Figueroa denunció hace cinco años las trabas administrativas que sufren los enfermos para conseguir la incapacidad permanente en la Seguridad Social. En plena recuperación económica, la situación no ha cambiado para ellos, que tiene que elegir muchas veces entre pagar los medicamentos u otros gastos básicos.
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