El macrojuicio, con una duración prevista de dos meses, se suspendió en la segunda jornada ante las graves irregularidades expuestas por las defensas de los 13 acusados. En una década de instrucción no se ha logrado desvelar quién y a cambio de qué alteró el PGOU para beneficiar a constructores y promotores. Entre los acusados están el que fue concejal de Urbanismo del PP y tres técnicos, además de los empresarios presuntamente beneficiados.
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