Las promotoras se volcaron el año antes de la obligación de reservar el 30% de vivienda social con más de 1.000 solicitudes; desde entonces han sido solo 8371 de las 83 licencias registradas con la norma en vigor la sortean con certificados de aprovechamiento y solo siete pueden acabar incluyendo el 30% de VPO.El Ayuntamiento y el Sindicato de Inquilinos atribuyen el frenazo a ese "alud" de trámites de las inmobiliarias justo antes de la aprobación de la medida. La concejal Janet Sanz confía que el efecto de la medida se notará a partir de 2020
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