La investigación se inició al tener conocimiento la Guardia Civil de la existencia de una organización criminal que contaba con algún funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de Tenerife, que en connivencia con un antiguo trabajador de una notaría y un gestor inmobiliario, emitían resoluciones y certificaciones catastrales de forma irregular, favoreciendo los intereses de terceras personas.
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